Cuando una persona considera que en su propio país ha sido víctima de una violación de derechos, y una vez agotados todos los recursos internos dentro de su Estado, aún le queda un último cartucho: apelar su situación al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también conocido como el Tribunal de Estrasburgo. Este órgano, en base al Convenio Europeo de Derechos Humanos, emite su sentencia, que a partir de ese momento será vinculante y creará jurisprudencia para el resto de países firmantes del tratado.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba Miguel Agudo ha publicado un artículo en el que analiza, precisamente, la jurisprudencia emanada de este alto tribunal durante las últimas décadas en relación a los casos de discriminación directa por razón de sexo. El análisis, publicado en la Revista de Derecho Político, número uno en el ranking de revistas FECYT en Ciencias Jurídicas, destaca "la importante labor" contra la desigualdad que ha desarrollado este órgano a través de sus sentencias, fallos que, más allá de un 'tirón de orejas' a los países del viejo continente, han supuesto un paso para una protección homogénea y estándar de derechos a nivel europeo.
Casos paradigmáticos: La actividad sexual no es tan importante… si eres mujer y madre
El trabajo recoge, de esta forma, una serie casos relacionados con distintos ámbitos como el laboral, las prácticas médicas o los beneficios sociales, litigios que se elevaron a Estrasburgo y cuyo tribunal terminó fallando en contra de los propios Estados.
Uno de los paradigmáticos ocurrió en Portugal en el año 2017. La demandante, tras una operación ginecológica, denunció al personal médico, alegando, entre otros perjuicios, que el fracaso de dicha intervención le impidió tener relaciones sexuales. El tribunal de su país redujo su indemnización al considerar que, para una mujer de 50 años y con dos hijos "el sexo no era tan importante".
Otro de los casos analizados sucedió en Croacia en el año 2014, cuando a una mujer le denegaron un seguro de salud laboral porque, en su contrato de trabajo, firmado poco antes de quedar embarazada, no había señalado que se encontraba en tratamiento de fecundación.
Tampoco una mujer holandesa encontró amparó en su propio país cuando en el año 2002 denunció la diferencia de trato entre hombres y mujeres casados, quienes, a igualdad de cotización, recibían una pensión diferente. Según señala el artículo, el estado holandés justificaba que los hombres cobrarán más porque "normalmente, eran los que proveían las necesidades del hogar"
Protección en violencia de género: un paso clave
En opinión de Agudo, uno de los avances más importantes dados por la jurisprudencia europea ha sido en materia de violencia de género. Para Estrasburgo, señala el catedrático "este tipo de violencia ya no es un tema doméstico en el que sólo actúa el derecho penal según cada legislación". Por el contrario, el alto tribunal interpreta que cada Estado tiene la obligación de proteger a la mujer, y si no lo hace, incurre en discriminación por razón de género. Este salto conceptual se produjo en 2002 a raíz del famoso caso 'Opuz contra Turquía', en el que una mujer denunció que no había recibido protección suficiente por parte de las autoridades, lo que dio lugar al asesinato de su madre y a que ella sufriera maltrato.
Cuando la discriminación del hombre se fundamenta en estereotipos
El trabajo también analiza una serie de casos en lo que, según el tribunal europeo, el hombre ha sido víctima de discriminación por parte de los Estados. Lo curioso, precisamente, es que esta diferencia de trato se debe a los diferentes estereotipos y roles de género atribuidos a hombres y mujeres. "El papel fundamental del hombre como proveedor de bienes y el de la mujer como cuidadora de los hijos se encuentra en la base justificativa de las acciones que generan la discriminación." señala el artículo, que recoge algunos de estos pleitos, centrados, principalmente, en asuntos relacionados con la paternidad o permisos penitenciarios.
Según el autor del trabajo (publicado en el marco del proyecto de investigación GENDER, liderado por el catedrático Octavio Salazar), este estudio pone de manifiesto el papel que juega Europa a la hora de crear un suelo común y estable de protección de derechos. En el caso de la protección de la discriminación por sexo, explica Agudo, "se están dando pasos seguros, a un ritmo lento, pero quizás, el propio para que pueda ser asimilado por todos los países".